Archivos para enero, 2018

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El estupor se ha apoderado de la ciudad de Toronto ante el caso del que ya se denomina ‘el jardinero asesino de gays’. Bruce McArthur, de 66 años, “plantó” en decenas de macetas los restos de sus víctimas en un caso sin precedentes en la ciudad canadiense.

Agentes inspeccionando una de las casas donde trabajó Bruce Mcarthur (arriba a la derecha). REUTERS

Detenido y acusado de homicidio en primer grado de al menos cinco personas, la Policía de Toronto sigue la búsqueda de víctimas, ya que las autoridades temen que el número sea mucho mayor.

McArthur fue arrestado el pasado 18 de enero y acusado de la muerte de dos personas, Selim Esen, de 44 años, y Andrew Kinsman, de 49, con el que mantenía una relación sentimental.

Sin embargo, este lunes, la Policía añadió tres nuevos cargos, los asesinatos de Majeed Kayhan, de 58 años; Soroush Mahmudi, de 50; y Dean Lisowick, de 47.

Aunque la Policía inicialmente se resistió a calificar a McArthur de “asesino en serie”, las autoridades policiales reconocen ahora que se equivocaron y que el detenido puede ser responsable de muchas más muertes.

Centenares de agentes siguen buscando restos humanos en al menos 30 propiedades donde McArthur ha trabajado los últimos años después de que la Policía descubriese los esqueletos de tres personas en macetas de grandes dimensiones que el jardinero había colocado en una vivienda de Toronto.

Ahora, la Policía se ha incautado de otras doce macetas similares mientras realiza pruebas de ADN a los restos humanos descubiertos para intentar identificar a las víctimas. “Creemos que hay más restos humanos en algunas de estas propiedades y estamos trabajando para recuperarlos”, señaló el detective de la Policía de Toronto Hank Idsinga.

La Policía se enfrenta a fuertes críticas por ignorar durante años las desapariciones de varias de las víctimas, todas ellas conocidas en ambientes homosexuales de la ciudad.

El arresto de McArthur sólo se practicó después de que activistas de la comunidad gay de Toronto estableciesen una campaña para presionar a las autoridades para que investigasen a fondo las desapariciones ocurridas en los últimos años en el barrio gay de Toronto.

“Este es un problema que va mucho más allá de la comunidad gay, es un problema que atañe a toda la comunidad de la ciudad de Toronto”, señaló Idsinga.

“La ciudad de Toronto jamás ha visto algo así, se trata posiblemente de un asesino en serie y ha tomado medidas para cubrir sus huellas”, agregó.

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Un triste suceso sacude Estados Unidos. El cuerpo sin vida de la modelo Sara Zghoul, de 28 años, fue hallado decapitado y descuartizado el pasado domingo en dos maletas dentro del maletero de un BMW en Aloha, en el estado de Oregón, según han informado fuentes policiales.

El pasado jueves, la Policía recibió una llamada alertante de un hombre que aseguraba haber matado a una persona. Al llegar al lugar de los hechos se encontraron con la terrible escena y encontraron al joven con varios cortes en la garganta, que sospecharon que se había autoinflingido él mismo y lo trasladaron a un hospital.

Cuando registraron la vivienda hallaron en el maletero del coche dos maletas que contenían los restos de la modelo descuartizada. Por el momento, el portavoz de la Policía de Washington, Jeff Talbot, no ha querido desvelar más detalles del macabro suceso que ha conmocionado Oregón a la espera de descubrir qué sucedió realmente.

Lo que sí se sabe es que el supuesto sospechoso se mantiene bajo custodia policial a la espera de que se esclarezca el asesinato de la joven.

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Del alrededor de 300 asesinatos que se registran anualmente en España, en poco más del 2% hay menores involucrados, aunque el impacto social de estos casos, como el último de dos ancianos de Bilbao, suele reabrir el debate sobre el tratamiento penal para los delitos más graves cometidos por adolescentes.

A la espera de la publicación del balance de criminalidad correspondiente a 2017, las últimas estadísticas disponibles del Ministerio del Interior hablan de ocho menores detenidos por homicidio doloso o asesinato en 2016 y veintisiete más en grado de tentativa.

Estos datos suponen un 2,4% de los 327 arrestos practicados en relación con las 292 muertes violentas registradas ese año. Suponen una disminución de este tipo de delitos cometidos por menores respecto al año anterior, cuando fueron arrestados 13 adolescentes por asesinatos u homicidios intencionados que llegaron a consumarse, y otros quince lo fueron en grado de tentativa.

En el año 2016, de los ocho menores arrestados por asesinato consumado, siete eran españoles y uno extranjero; seis eran varones y dos, chicas; y la mayoría de las detenciones se produjeron en Andalucía (5), además de Canarias, Comunidad Valenciana y Murcia, con un arresto en cada una de esas tres comunidades.

La Ley de responsabilidad penal del menor establece medidas de internamiento de hasta diez años para los responsables de delitos especialmente graves, aunque solo para aquellos que tengan 16 ó 17 años, ya que los de 14 ó 15 años solo podrán permanecer internados por un período máximo de seis años.

Estas previsiones máximas de internamiento responden a la reforma legal que entró en vigor en 2007, ya que, de acuerdo con la ley anterior -de 2000- los adolescentes de 14 y 15 solo podían cumplir un máximo de cinco años, y los de 16 y 17, hasta ocho años.

Por debajo de los 14 años, los menores delincuentes están exentos de responsabilidad y no se les podrán aplicar medidas de reinserción, según la Legislación vigente.

La legislación también contempla el traslado del delincuente a una prisión de adultos al cumplir los 18 años si el juez así lo decide y de manera automática al cumplir los 21, salvo que el magistrado se oponga expresamente.

La reforma legal de 2007 introdujo otra novedad para combatir el entonces creciente fenómeno de las bandas juveniles, como fue la posibilidad de imponer a los menores una medida de internamiento de hasta 3 años (para adolescentes de 14 y 15 años) y hasta 6 (para los de 16 y 17) si el delito, aun sin ser grave ni violento, se comete por la pertenencia a una de esas bandas.

Aunque algunas voces -y partidos como el PP- apuntan periódicamente a la necesidad de cambiar la ley para que pueda imputarse a adolescentes de menos de 14 años en casos muy graves, la última Memoria de la Fiscalía pone el foco en un sistema educativo «fallido» como principal responsable de la delincuencia juvenil, la violencia machista entre los adolescentes, el acoso escolar y las agresiones en el seno familiar.

En ese informe, correspondiente a los delitos cometidos en 2016, el Ministerio Público alertaba de un «ascenso paulatino» de la violencia machista perpetrada por menores; ese año, 179 menores fueron enjuiciados por delitos contra la mujer, un 10,5 % más que el año anterior, y en un 90,62 % de los casos se impusieron medidas.

En general, los delitos cometidos por menores se mantuvieron estables e incluso disminuyeron las agresiones de hijos a padres y familiares.

CRIMEN DE OTXARKOAGA

Publicado: 29 enero, 2018 en ESTÁ PASANDO

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Las declaraciones de los tres menores ante la fiscal de menores, que instruye el asesinato de Lucía y Rafael en su casa del barrio bilbaíno de Otxarkoaga, han aportado algunas luces al caso, pero también dejan sombras.

Mientras que los dos primeros detenidos, ambos de 14 años -miembros de familias desestructuradas-, han asumido que entraron a robar en el domicilio del matrimonio octogenario, ubicado en el número 16 de la calle Zizeruena, ninguno de ellos confiesa que cometiera los crueles crímenes de los dos ancianos de 87 años, según ha podido saber este periódico en fuentes cercanas al caso.

El considerado por los investigadores como autor material de los homicidios, detenido el domingo de la semana pasada en Balmaseda, donde estaba escondido en la casa de un tío, alega que estaba «empastillado» y bajo el efecto de drogas y alcohol. Así, dice que sufre una laguna mental que le impide «recordar» lo que hizo aquel día. Admite que, en compañía del otro chico de su edad, treparon por una tubería de la fachada y entraron en el segundo piso del matrimonio por una ventana trasera que aseguran «estaba abierta» en ese momento. Según la autopsia practicada a los cadáveres, los asesinatos debieron de perpetrarse entre las nueve y las diez de la mañana del pasado día 18, jueves, cuando ambos deberían estar en clase. No llevaban guantes ni tomaron otras medidas de seguridad, por lo que dejaron numerosas huellas dactilares en la vivienda de las víctimas.

Este joven, cuyos padres se encuentran en prisión cumpliendo condena y que está tutelado por la Diputación vizcaína, confesó que había cometido otros robos similares en domicilios con anterioridad, aunque aseguró que siempre que encontraba gente dentro echaba enseguida a correr. Su abuelo y una educadora social le acompañaron en su estancia en la comisaría y en dependencias de la Fiscalía.

Se encontraba fugado desde hace meses del último centro foral de protección en el que había ingresado -con anterioridad ya había escapado de otros-, y había llegado a dormir en portales y en casas de amigos. Pesaba sobre él una orden de detención desde noviembre por haber pegado a un profesor del colegio de Otxarkoaga y a varios alumnos. No hacía ningún caso a los educadores sociales que le intentaban reconducir. De hecho, la noche previa al crimen, pernoctó en la casa del tercer arrestado, de 16 años y vecino de las víctimas.

El segundo detenido -que fue entregado por su familia a la Ertzaintza en la gasolinera de Miribilla la tarde del domingo de la semana pasada-, ha declarado que entró con su amigo a robar en la vivienda, también bajo el efecto de pastillas, aunque asegura que su cometido pasaba exclusivamente por registrar el domicilio en busca de joyas y dinero, y que salió corriendo sin ver nada más. Después se repartieron el escaso botín de dinero y joyas que habían conseguido. También este adolescente ha estado bajo la tutela foral, aunque en la actualidad tenía la custodia su madre.

La Diputación ejerce la tutela cuando no hay progenitores ni familiares que puedan hacerlo. Suelen ser casos relacionados con graves problemas mentales y drogadicciones severas. Según explican fuentes forales, la institución actúa en cuanto tiene conocimiento de que un adolescente puede estar en situación de desprotección o desamparo y se intenta que el tiempo en los centros sea el menor posible.

Por su parte, el tercer arrestado, que se presentó en la subcomisaría de Zabalburu el pasado lunes, niega su participación en los crímenes. Sostiene que cuando el otro implicado se fue de la casa de su madre donde habían pasado la noche, él se quedó dormido. Rechaza que realizara labores de vigilancia o que planificara el robo con los otros dos implicados marcándoles el objetivo, aunque, curiosamente, reconoce que no salió de casa hasta cinco o seis días después de los asesinatos. Su madre ha denunciado ante la Ertzaintza que ha sufrido amenazas y que el nombre y la imagen de su hijo se han hecho públicas en las redes sociales, por lo que valora cambiarse de domicilio al sentirse «en peligro».

Los tres chavales se encuentran en el centro de internamiento cerrado de Zumarraga, donde les envió la titular del juzgado de menores número 1, a petición de la fiscal, y donde no tienen contacto entre ellos. Sólo han salido de allí para los registros domiciliarios en Otxarkoaga y Balmaseda del pasado jueves, y uno para volver a declarar.

Los responsables de la investigación de la Ertzaintza esperan a conocer el resultado de los análisis de las evidencias biológicas para clarificar la participación de cada uno en el doble asesinato. Se recogieron más de 350 muestras en la vivienda, muchas de ellas restos de sangre que serán cotejadas con el ADN de las víctimas y de los acusados. La Policía también cuenta como pruebas incriminatorias con algunas prendas de vestir, huellas dactilares y de calzado y testimonios de personas que aseguran haberles visto por la zona.

Ninguno de los testimonios de estos tres jóvenes ha aclarado, sin embargo, la violencia extrema con que se cometieron los crímenes. «¿Era necesario para robar acuchillar, tirar al suelo, patear, romper la cabeza?, ¿qué criterios están operando en estos chicos?», se pregunta horrorizado el coordinador de fiscales de menores del Tribunal Supremo, Javier Huete, que conoce la realidad bilbaína ya que ejerció como fiscal antidrogas en la capital vizcaína hasta 1996, cuando, amenazado por ETA, se trasladó a Madrid. En su opinión, la violencia «desmesurada» refleja «una pérdida del valor de la dignidad humana» y aprecia detrás «la influencia de elementos externos del tipo videojuegos, donde la violencia es el primer recurso».

Mientras la Diputación vizcaína mantiene el silencio, Huete advierte de que en este caso puede haber habido un error de diagnóstico del equipo técnico, que «no detectó la realidad de estos chicos».

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha anunciado firmeza y más medios al aprobar un plan de seguridad, que incluye 25 medidas, entre ellas un incremento de la plantilla de la Policía Municipal. Una de las primeras acciones para intentar diluir la alarma social ha sido aumentar el número de efectivos que patrullan el barrio, a pie y en coche, en la última semana. «Nunca ha habido tantos policías en Otxarkoaga», comentan los vecinos.

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El policía Mijaíl Popkov, condenado en 2015 a cadena perpetua por el asesinato de 22 mujeres, ha reconocido ahora haber matado a otras 60 mujeres entre 1992 y 2007 en una pequeña ciudad de Siberia, lo que le convertiría en el mayor asesino en serie de la historia moderna de Rusia.

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Las autoridades rusas ya han presentado cargos contra Popkov por 47 de los 60 asesinatos confesados en prisión, tras hallar y exhumar los cadáveres de las víctimas, informó estos días un periódico de la región siberiana de Irkutsk.

El pasado 27 de diciembre, un tribunal de Irkutsk ha prorrogado el arresto del maníaco -que ya cumple cadena perpetua, la pena máxima que se aplica en Rusia-, a la espera de que se celebre el nuevo juicio.

Los investigadores han completado diversos peritajes forenses y han dado por probada la culpabilidad del asesino, que se ha denominado a sí mismo como “El Purgador”, al afirmar que sólo mataba a “mujeres de vida disipada”.

En el juicio celebrado en 2015 se demostró que este depredador -policía en activo hasta 1998- violó y mató al menos a 22 mujeres entre 1994 y 2000 en Angarsk, una localidad de poco más de 230.000 habitantes en la región siberiana de Irkutsk.

Durante aquel proceso, Popkov explicó que recorría de noche las calles de la ciudad en un coche -muchas veces el oficial de la policía-, ofrecía a mujeres que se encontraba por el camino llevarlas a casa y luego sólo “castigaba” a aquellas que aceptaban tomarse una copa con él.

En octubre de 1998, según dijo entonces al tribunal, mató a dos amigas de 19 y 20 años a las que recogió cuando volvían a casa después de un concierto, en el que fue uno de los al menos cinco asesinatos dobles que perpetró durante sus cacerías.

Mientras conducía, “empecé a sentir asco hacia las chicas por su comportamiento despreocupado y quise castigarlas”, relató al detallar cómo apuñaló repetidas veces en la cabeza a una de las jóvenes, y cómo persiguió y mató a la otra, cuando intentaba huir.

“Fue su culpa. Andaban borrachas por la calle en lugar de estar en casa con sus maridos e hijos”, llegó a decir Popkov acerca de sus víctimas.

Sin embargo, dos mujeres que lograron sobrevivir a sus ataques desmintieron esa versión.

Presumió ante sus compañeros de celda “haber matado a más gente que Andréi Chikatilo”, considerado hasta ahora el mayor asesino en serie en la historia de Rusia y la Unión Soviética, con 53 homicidios demostrados por la Justicia.

Los cadáveres de casi todas las víctimas, con edades comprendidas entre los 17 y 38 años, fueron encontrados desfigurados y con señales de violación en cementerios, cunetas y zonas boscosas próximas a Angarsk, una ciudad industrial de Siberia Oriental.

Aunque al menos nueve mujeres fueron asesinadas con un hacha, Popkov, que en la actualidad tiene 49 años, llegó a utilizar todo tipo de objetos para quitarles la vida a sus víctimas, incluidos cuchillos, destornilladores, punzones, garrotas, bates de béisbol y tacos de billar, entre otros.

Años antes de que las autoridades dieran con el asesino en 2012, medios de comunicación que investigaban los crímenes revelaron que la mayoría de las mujeres asesinadas eran de estatura mediana (155-170 centímetros), corpulentas y estaban ebrias en el momento de su secuestro.

Las semejanza física de las víctimas y del “modus operandi” del asesino hizo pensar a la policía que se enfrentaban a un maniaco, pero no fue hasta hace cuatro años cuando los investigadores lograron dar con el monstruo, al que finalmente se identificó gracias a unas pruebas de ADN.

Un perfil psicológico filtrado a la prensa rusa mucho antes de que se encontrara al asesino acertó en muchos aspectos: la policía buscaba a un hombre de entre 30 y 35 años (en la época de los asesinatos), residente en Angarsk, que se llevaba a sus víctimas en un vehículo oficial y que podía trabajar en un cementerio.

Años después se supo que Popkov solía “salir de cacería” al volante de un todoterreno policial, al menos mientras no fue despedido de los órganos en 1998, y que en su tiempo libre se ganaba un extra como enterrador, oficio que ya había ejercido de adolescente en el cementerio en el que también trabajaba su padre.

Aunque su mujer, su hija y sus amigos le definían como “un hombre pacífico, tranquilo y amable, que no haría daño ni a una mosca”, la comisión médica que lo examinó cuando era policía en activo observó “aspectos psicopáticos” en su personalidad, pero inexplicablemente le encontró apto para servir en las fuerzas de seguridad.

Al “Maníaco de Angarsk”, como le puso la prensa rusa, le gustaba cocinar, esquiar en compañía de su mujer y su hija y hacer bricolaje en casa, según los testimonios ofrecidos a la investigación por los amigos que frecuentaban la casa de los Popkov.

A nadie le sorprendía, dada su fama de “manitas”, que llevara en todo momento en cada uno de sus cuatro coches una caja de herramientas repleta de instrumentos que en realidad usaba para cometer los asesinatos.

 

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Un padre y una madre fueron detenidos este lunes en California (EEUU) y afrontan cargos por tortura tras descubrirse que tenían secuestrados a sus 13 hijos en condiciones insalubres, informaron medios locales.

Los hijos, con edades de entre 2 y 29 años, fueron encontrados atados a las camas y con signos de malnutrición en la casa familiar, según un comunicado de las autoridades del condado de Riverside, en el sur de California.

Los padres, David Allen Turpin, de 57 años, y Louise Anna Turpin, de 49, acusados de tortura y de poner en riesgo a sus hijos, han sido trasladados al centro de detención Robert Presley, con una fianza de 9.000 millones para cada uno.

La Policía descubrió lo que estaba ocurriendo gracias a que una de las víctimas, una joven de 17 años, consiguió escapar del domicilio familiaren la ciudad de Perris y llamó a los agentes desde un teléfono que encontró en la casa.

Según el relato policial, la chica narró que sus 12 hermanos y hermanas estaban secuestrados por sus padres, algunos incluso con cadenas y candados. Entonces, los agentes contactaron a los padres, quienes “fueron incapaces de dar una razón lógica al hecho de que sus hijos estuvieran retenidos de esa manera”, explicaron los policías.

Los agentes se sorprendieron al ver que muchas de las víctimas aparentaban bastante menos edad de la que realmente tienen, probablemente debido a las pésimas condiciones en las que fueron retenidos por sus padres. Por eso pensaron que tenía cerca de diez años la denunciante, de 17, y que todos los hermanos eran menores, pero en realidad siete son adultos de entre 18 y 29 años.

El relato de los policías describe la vivienda familiar del secuestro colectivo como un lugar sucio, donde encontraron a “varios de los chicos atados a sus camas con cadenas y candados en un ambiente oscuro y maloliente”.

Tanto los seis menores como los siete adultos víctimas de este suceso, que según los agentes estaban sucios y parecían malnutridos, reciben tratamiento en hospitales de la zona. La mayoría de ellos dijeron estar hambrientos y enseguida se les proporcionó comida y bebida. Los servicios de protección social colaboran en la investigación.

Según información pública obtenida por medios locales, los padres, que sufrieron dos situaciones de bancarrota, vivían en esa dirección desde 2010 y anteriormente habían residido muchos años en Texas.

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«El Chicle se mosquea y cree que lo están siguiendo. El 24 de noviembre del 2016 llama a la Guardia Civil: ‘creo que me están siguiendo, ¿sabes por qué?’ Lo que pretendía saber es qué sabíamos nosotros. Comete un fallo, dice que la noche de la desaparición él estuvo con su mujer en A Pobra. Él mismo se pone en el escenario. Eso lo comentó en una conversación, luego se olvida. A raíz de esa charla informal, siendo ya sospechoso, el 30 de noviembre le citamos a declarar a él y a su mujer para que nos den una explicación. Él se equivoca, dice que salió a robar gasolina, ya no se sitúa en A Pobra. En el margen de una semana comete un error, la mujer le mantiene la coartada: dice que salieron juntos. Ella tampoco se sitúa en A Pobra, ya tenemos otro elemento de duda. Y además el teléfono de la mujer, esa noche, no se mueve de casa, por lo que empezamos a dudar sobre si nos engañan».

El relato de la Guardia Civil evidencia en forma de errores la caída al abismo de José Enrique Abuín Gey, el Chicle, asesino confeso de Diana Quer (22 de agosto del 2016, A Pobra do Caramiñal), responsable de su desaparición forzada y acusado de intentar lo mismo con otra mujer de Boiro la pasada Navidad. Estos fueron sus otros errores.

El Chicle tenía un alto concepto de sí mismo. Se metió en la boca del lobo él solo y sabiéndose culpable y vigilado se plantó ante la Guardia Civil para declarar su inocencia. Y lo hizo cuando el alcance social del caso era más intenso. «El Chicle, incluso, accede a dejar su teléfono para que lo analicemos. Deja un teléfono que no es, con un número que no es, y cuando le decimos que ese no es el que queremos, nos deja el suyo. El que llevaba la noche de autos. ¿Qué ocurre? Nos lo entrega completamente reseteado. Argumenta que se le había estropeado y que lo arregló. Pero ahí tenemos otro elemento de sospecha que nos sigue diciendo que es un profesional. Sabe el valor que puede tener para nosotros ese móvil. La diferencia entre tenerlo o no es que si lo tienes puedes llegar a puntos GPS exactos, sin dar más detalles», concreta la Guardia Civil, que añade: «El Chicle también accede a que revisemos sus vehículos, viene un equipo de criminalística de Madrid y buscamos algún vestigio de Diana, pero no encontramos nada».

Ni los antecedentes de Abuín Gey por tráfico de cocaína, ni la denuncia que presentó su cuñada, siendo menor de edad en el 2005, por una presunta violación frenaron al Chicle. Dicha denuncia fue el extremo del hilo que los investigadores empezaron a seguir para resolver el crimen. Lo que Abuín Gey no sabía es que, aunque se archiva la denuncia, el borrón en forma de antecedente policial, uno más, ya manchaba su historial con un delito muy concreto que, de inicio, lo puso en el punto de mira gracias al olfato de la Policía Judicial de la Guardia Civil de A Coruña.

La columna vertebral del caso, sin duda. Las geolocalizaciones recogidas por las antenas fueron cruciales, tanto las emitidas por el móvil del Chicle como por el de Diana. Eso los situó juntos y haciendo el mismo recorrido de madrugada, en coche y acabando en Rianxo, un municipio en el que la joven no tenía ningún motivo aparente para estar a esas horas. Otro error mayúsculo fue lanzar el móvil de Diana a la ensenada del río Beluso mientras trasladaba el cuerpo. Es zona marisquera y son decenas los profesionales que la rastrillan a diario si la concesión está abierta. Él debería saberlo, es oriundo de Barbanza y, por si eso fuera poco, acumula unas cuantas denuncias por furtivismo. El contenido del móvil tardó en conocerse, pero fue clave, la pieza del puzle que faltaba para completar el trabajo. Permitió encajar ubicaciones y horas, fue el complemento que necesitaba la investigación para no estancarse.

El autor confeso de la muerte de Diana, posiblemente, nunca pensó que una cámara de videovigilancia podía ponerlo en el disparadero. La cámara está en una gasolinera en A Pobra, en la misma autovía de Barbanza (AG-11), y el recinto incluye un carril de incorporación que procede de A Pobra. El Chicle escogió esa ruta y fue captado por el sistema de vigilancia. El fotograma era una bola de luz, pero menos es nada. Ese destello, bien interpretado, podía dar nuevas respuestas al caso. El móvil del Chicle emitió una señal pasando aquel 22 de agosto del 2016 por el citado carril de incorporación a la AG-11, por lo que tras la bola de luz había que saber si estaba el Chicle. Una empresa de O Porriño identificó el turismo con mucho trabajo y una completa reconstrucción de los hechos. Al final, todo cuadraba: la bola de luz no era otra cosa que el Alfa Romeo 166 del Chicle, y dentro, junto a él, también viajaba Diana.

Una de dos, o el Chicle se sentía muy por encima de la Guardia Civil para reincidir o su patología mental es tan fuerte que no puede controlarse. Solo así se explica que estando en el punto de mira durante más de un año por el caso Diana Quer, decidiera el pasado 25 de diciembre actuar de nuevo, en el centro de Boiro y a las ocho de la tarde. La víctima fue una mujer de unos 30 años, pero el patrón de conducta se repite. Su otro pecado fue dejarse ver. Lo recoge la Guardia Civil en sus diligencias citando a la mujer agredida: «Dice acordarse muy bien de la cara del atacante por sus dientes». Los dos testigos que rescataron a la denunciante también fueron capaces de memorizar su rostro. Lo señalaron nada más ver su fotografía, describieron el coche, incluso la víctima retuvo cifras y letras sueltas de la matrícula. El Chicle comete otro patinazo: repite coche y eso también lo condena a los pocos minutos de que la víctima presentase la denuncia. La Policía Judicial de Noia, que conocía el caso, informa a los superiores y se pone en marcha el operativo que obliga a varias decenas de agentes a interrumpir las vacaciones de Navidad. Hasta los más altos mandos se sumaron al dispositivo.

El delirio en el que lleva instalado desde hace años este individuo se cimenta a base de mentiras. Incluso ahora, acorralado por la cadena perpetua revisable y encerrado en una celda no supo ganarse la confianza del que fue su abogado hasta el viernes, José Ramón Sierra. Es de suponer que no tardará en encontrar otro letrado dispuesto a entrar en escena. El juez asegura que también mintió a su mujer, Rosario Rodríguez, y a sus cuñados, que al igual que su esposa lo encubrieron con una coartada falsa. Y ese fue su enésimo error: depender de terceros.