Archivos para abril, 2016

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Dos adolescentes británicas de 15 años, reconocidas culpables de haber asesinado salvajemente a una mujer alcohólica de 39 años tras un suplicio de cinco horas, ha sido condenadas este jueves a cadena perpetua, con 15 años de cumplimiento mínimo.

Las dos chicas, cuyos nombres no han trascendido, tenían 13 y 14 años cuando atacaron a Angela Wrightson en su domicilio de Hartlepool, en el noreste de Inglaterra, en diciembre de 2014. Mataron a la víctima utilizando una pala, una televisión, una mesa y un palo lleno de tornillos. La mujer, que rogaba por su vida entre llantos, presentaba más de 100 heridas, 80 de ellas en el rostro.

Durante el largo y espeluznante calvario de Angela Wrightson, las adolescentes posaron, sonrientes, para hacerse selfies que luego compartieron en las redes sociales. También enviaron chats por el móvil. Asimismo, telefonearon a amigos, a los que una de las asesinas dijo «vamos a matar a la jodida».

“En nuestra sociedad, es difícil imaginar que dos chicas tan jóvenes sean capaces de tanta violencia”, declaró Gerry Wareham, de los servicios de la fiscalía de la corona (CPS), a la salida del proceso ante el tribunal de Leeds, que tachó el ataque de “salvaje”.

“Viendo la gravedad del ataque infligido a la señorita Wrightson, podríamos haber esperado que las chicas expresaran sus remordimientos tras su muerte. Al contrario, rieron y sonrieron posando para una selfie” enviada luego a la aplicación para compartir fotos Snapchat, precisó.

Las dos adolescentes habían ido varias veces a la casa de Wrightson para conseguir alcohol y cigarrillos. En diciembre de 2014 se presentaron en el domicilio de la víctima a las siete y media de la tarde, y no salieron hasta las once de la noche. Luego volvieron de dos a cuatro de la madrugada, «a comprobar si estaba muerta». Las cámaras de vigilancia callejeras las grabaron entrando entre risas.

Durante el juicio las dos niñas se culparon mutuamente de lo sucedido. La más joven podría haber animado a la mayor, de coeficiente intelectual limitado, según dictaminaron los forenses, quienes, sin embargo, advirtieron de que esos trastornos no le impedían conocer la naturaleza de su conducta y sus consecuencias. Además, la segunda se crió en un ambiente de violencia doméstica y cuando cometió el crimen tomaba tranquilizantes que le facilitaba su madre.

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Rastreado internacional.elpais.com

La investigación de la muerte de las turistas argentinas María José Coni y Marina Menegazzo, asesinadas en una playa de Ecuador en febrero pasado, arroja nuevos actores.

Ante la fiscal María Coloma, declaró el pasado lunes uno de los dos detenidos por el doble homicidio, Segundo P. Este hombre, en el nuevo relato, incrimina a cinco hombres por el asesinato de las turistas argentinas, uno de ellos un venezolano apodado El Chamo, que se dedica al microtráfico y que fue detenido hace tres semanas con 13 gramos de cocaína. Segundo P. mantiene casi intacta la secuencia de eventos del día de la desaparición de las mujeres, el 22 de febrero.

Segundo P., señalado como el autor confeso, declaró que asumió la culpabilidad por la presión de los policías. “Me dijeron que tenían pruebas en mi contra”, dijo el procesado. Dice que ese día entregó las llaves de su casa a su amigo y también detenido, Eduardo R., alias El Rojo, quien se ofreció a ayudar a las turistas porque les habían robado y no tenían donde pernoctar. Él se quedó en la playa a trabajar. Las volvió a ver una hora después. Cuando terminó de trabajar, a las tres y media de la madrugada, volvió a su casa y es atacado por un hombre que tiene un tatuaje con letras góticas. Enseguida descubrió los cadáveres en el suelo y recordó que el venezolano le dijo que “se les pasó la mano”.

Segundo P. declaró que, obligado, ayudó a embalar los cuerpos. Los cuerpos los sacaron al día siguiente; el primero a las tres de la tarde, y una hora después el otro. Utilizaron una bicicleta con un cajón adaptado que se usa para el transporte en la costa de Ecuador, que estaba en la casa y que pertenecía al casero.

El venezolano le amenazó con hacer daño a su familia si los delataba. “Si llega a pasar algo, échate la culpa”, le dice antes de marcharse de su casa y durante los días siguientes le asedió en su trabajo para recordarle que guardara silencio, según la declaración. “Yo me tiro el muerto encima porque hicieron conmigo lo que quisieron”, dice Segundo P.

El abogado del detenido, Héctor Vanegas, ahora pide que la Fiscalía busque a los sujetos que han sido señalados por su cliente, sobre todo, El Chamo y que se hagan ruedas de reconocimiento. La fiscal tiene hasta finales de abril para terminar los 90 días de instrucción fiscal y decidir cómo sigue el caso a nivel penal.

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Rafael Prado Fernández, el monitor acusado de violar a 16 menores en campamentos en el Bierzo y Cáceres de la Asociación Juvenil San Cristóbal, ha sido condenado a 46 años de prisión por doce delitos continuados de abusos sexuales, cuatro delitos de abusos sexuales y un delito de revelación de secretos.

El acusado deberá de indemnizar a cada uno de los doce menores víctimas de abusos continuados con 3.000 euros, a los que no podrá acercarse a menos de 200 metros ni comunicarse durante seis años, y a las cuatro vícitmas de abusos sexuales con 1.000 euros, sobre los que pesará una orden de alejamiento durante cuatro ellos.

Además de la pena de tres años de prisión por cada uno de los delitos continuados de abusos sexuales, se inhabilita al acusado a ejercer cualquier profesión u oficio, contribuido o no, que conlleve el contacto regular y directo con menores durante el tiempo de la condena.

Sin embargo, el juez no estima que el acusado sea autor de 16 delitos de corrupción de menores, como así defendía el Ministerio Fiscal, al entender que los actos no “altera o menoscaba” la indemnidad sexual de los menores, es decir su bienestar psíquico.

El juez remarca que los menores se encontraban dormidos cuando Rafael realizó los actos sexuales, no pudiéndose afirmar que los menores hayan sufrido “trastornos, menoscabos o alteraciones patológicas, adaptativas o psicológicas por ello”.

Hechos probados

Aprovechando su condición de monitor de dos campamentos en Carucedo y Guijo de Santa Bárbara, entre el 16 y el 30 de julio de 2011, Rafael accedía a los dormitorios aprovechando que los menores están dormidos y guiado “guiado por la intención de satisfacer ilícitamente sus instintos sexuales y con ánimo libidinoso” deslizaba la ropa de los menores para realizar “tocamientos y lametazos en sus genitales y ano”.

Asimismo, según continúa la sentencia de la Audiencia Provincial de León a la que ha tenido acceso este diario, “realizaba masturbaciones a alguno de los menores e incluso frotamientos de su pene contra las nalgas de alguno de ellos, llegando en algún caso a eyacular sobre el menor”.

Todo ello, con perfecto conocimiento de lo que estaba haciendo, el acusado procedió a grabar con una cámara Sony con infrarrojos de visión nocturna cada uno de los actos que el propio acusado realizaba sobre cada uno de los menores, utilizados también para ese fin, en soporte adecuado para su posterior visionado.

Concretamente, han quedado acreditados abusos a al menos 16 menores, aunque con algunos de ellos llegó incluso a realizar hasta seis actos de naturaleza sexual.

El juez entiende que Rafael en el momento de cometer los hechos estaba en la plenitud de sus capacidades cognitivas y volitivas, que no estaba anuladas, deterioradas o mermadas ni por el medicamento “Artane” que estaba tomando para el tratamiento de la enfermedad neurológica de distonía que padecía.

Revelación de secretos

Asimismo, el juez ha entendido probado que desde el año 2010 y aprovechando la circunstancia de que era monitor de natación en las piscinas del Club Deportivo Parque Móvil, situadas en la calle Cea Bermúdez de Madrid, el acusado colocó de forma intencionada una cámara de filmación oculta en una bolsa o mochila de su propiedad para grabar y obtener imágenes de personas mientras se cambiaban de ropa, muchos de ellos menores de edad.

Según la sentencia remitida este lunes por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), el juez ha impuesto dos años de cárcel por un delito de revelación de secretos, tres años por cada uno de los delitos continuados de abusos sexuales y dos años por cada uno de los cuatro delitos de abusos sexuales.

La Fiscalía solicitaba para R.P.F. un total de 234 años de prisión para este monitor, acusado de un delito de revelación de secretos, 16 delitos de corrupción de menores y 16 delitos de abusos sexuales, 12 de ellos de carácter continuado.

El acusado fue detenido en 2012 cuando su mujer lo denunció tras haber encontrado uno de los vídeos con contenido pedófilo, un material que fue ampliado al registrar también las dependencias del Samur Social en el que trabajaba en Madrid, y desde entonces se encuentra en prisión provisional.

 

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El ex dirigente de ETA José Javier Arizcuren, «Kantauri», se sentará en el banquillo por el secuestro y asesinato del concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco en julio de 1997.

Tras reabrir la investigación el pasado enero a instancias de la Fiscalía, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco acordó ayer el procesamiento del etarra por inducción a secuestro y asesinato terrorista por su «participación directa e inmediata» en los hechos como máximo responsable de los «comandos» de la banda terrorista desde noviembre de 1994 a marzo de 1999. El magistrado aprecia indicios suficientes que acreditan que fue el ex jefe «militar» de ETA quien dio la orden.

De hecho, en dos cartas manuscritas firmadas por «Kantauri» ese mismo año –intervenidas en Basauri tras la desarticulación, en 1997, del «comando Vizcaya», responsable del secuestro–, el terrorista alentaba a los pistoleros de la banda: «Es muy importante darles a los políticos del PP. Deciros que cualquier político del PP es objetivo (…). Poner toda la fuerza posible en levantar a un concejal del PP, dando un ultimátum de días para que los presos estén en Euskadi. En relación a este tema (secuestro) hacerlo lo antes posible». La Guardia Civil fecha esta primera misiva en julio de 1997, precisamente cuando se produjo el secuestro del concejal de Ermua.

En otra carta manuscrita, ésta de septiembre de ese mismo año (posterior, por tanto, al asesinato de Blanco), el entonces dirigente etarra –que en la actualidad cumple condena en Francia por pertenencia a organización terrorista– insiste en la «importancia» de ese tipo de acciones para forzar al Gobierno a negociar sobre los presos de la banda. «Si no podéis hacer un secuestro, darle en toda la cabeza. Pero tened en cuenta que es el secuestro lo que crea inestabilidad y contradicciones mayores por su dureza». «Darles “kaña” lo más fuerte que podáis», se despedía.

Estos documentos ya resultaron determinantes para que «Kantauri» –imputado igualmente como inductor del asesinato de Gregorio Ordóñez en 1995– fuese condenado como responsable de la muerte del también concejal del PP Jiménez Becerril y su esposa en 1998. En un informe de enero de 2002, la Guardia Civil atribuye al etarra la responsabilidad del secuestro y asesinato del concejal del PP «como jefe militar de la organización terrorista en el momento de los hechos», a quien se subordinaban los «comandos activos a quienes dirigía las órdenes de atentar».

La Audiencia Nacional ya condenó en 2006 por esta acción criminal, como autores materiales, al también ex jefe «militar» de ETA Francisco Javier García Gaztelu, «Txapote», y a Irantzu Gallastegui, así como, en 2003, a Ibon Muñoa Arizmendarrieta, en su caso como colaborador del «comando».