Archivos para febrero, 2013

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Unos pescadores han descubierto este lunes en el tramo del Guadalquivir correspondiente a La Puebla y Coria del Río (Sevilla) el cadáver de una joven de aproximadamente 22 años, según han informado fuentes policiales, el servicio unificado de emergencias 112 de Andalucía y el propio alcalde de Coria, José Vicente Franco (PSOE). El primer edil, además, ha anunciado que un familiar de la joven María Isabel Sierra, vecina de Coria del Río desaparecida desde el pasado jueves, se ha desplazado hasta el lugar del hallazgo y ha “confirmado” que el cuerpo corresponde a la joven.

La joven, como se recordará, desapareció el pasado jueves después de desplazarse desde su domicilio, ubicado en Coria del Río, hasta el hogar de su pareja sentimental, que reside en Puebla del Río, a pocos kilómetros de Coria. María Isabel Sierra se habría trasladado a pie hasta La Puebla del Río llevando consigo su documentación y su teléfono móvil y desapareciendo precisamente después de haber visitado a su pareja.

Tras ser denunciada su desaparición, el Cuerpo Nacional de Policía movilizó todo un dispositivo de búsqueda junto a la Policía Local de Coria del Río y a los efectivos de Protección Civil, siendo de hecho rastreada la ribera del Guadalquivir a su paso por Coria y Puebla del Río. La mañana de este lunes, finalmente, unos pescadores que navegaban por el Guadalquivir a bordo de dos barcazas avistaron un cuerpo que flotaba en el agua, en una zona pantanosa ubicada entre la finca Morante y el bar El Velero, dando inmediatamente aviso a la Policía Local y al servicio unificado de emergencias 112 de Andalucía.

Una vez rescatado el cuerpo, los facultativos daban cuenta de que se trata de un cadáver correspondiente al de una joven de aproximadamente 22 años de edad, toda vez que el propio alcalde ha manifestado que un miembro de la Policía Local que pertenece además a la familia de María Isabel Sierra habría acudido al lugar de los hechos “fuera de servicio”, confirmando finalmente este agente la identidad del cadáver. “Es ella. Está muerta”, ha manifestado el alcalde de Coria del Río, que este mismo lunes había convocado una concentración ciudadana en el municipio para arropar a la familia de la joven.

Inmediatamente, la comisión judicial ha sido movilizada para levantar el cadáver, toda vez que el servicio unificado de emergencias 112 ha activado a un equipo de asistentes para atender psicológicamente a la familia de la joven. “Este es un palo muy grande”, decía por último el alcalde a Europa Press tras el hallazgo del cuerpo de la joven.

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La ciudadana española María Reyes García-Pellón, acusada de apuñalar a su marido, eludió su derecho a presentar alegaciones este lunes ante el juzgado del condado de Delaware (Estados Unidos) y permitir así que continúen los exámenes psiquiátricos a los que se somete.

Su abogada, Kathy Labrum, guió a García-Pellón durante el breve proceso y explicó a Efe que tratará de demostrar que la española, de 52 años, tiene problemas mentales que la incapacitan para someterse a juicio.

“Los exámenes psiquiátricos continuarán y el próximo 28 de marzo volverá a comparecer para escuchar los cargos formales que se le presentan”, afirmó Labrum a Efe tras concluir la audiencia preliminar.

En el tribunal, un grupo de amigas de García-Pellón asistieron a la vista con lazos plateados, símbolo de los enfermos mentales, y saludaron emocionadas a la acusada.García-Pellón apareció ante el juez esposada y visiblemente abatida, y dijo un tímido “gracias” a sus amigas, algunas de ellas incapaces de contener las lágrimas.

No obstante, estas eludieron dar declaraciones a la prensa a la salida del tribunal de la pequeña localidad de Media, donde se encuentran los juzgados del condado de Delaware, a apenas 20 kilómetros de Filadelfia (Pensilvania), y se remitieron a la abogada.

García-Pellón, de 52 años, está acusada de apuñalar a su esposo, el exbaloncestista Matthew White, que desarrolló su carrera profesional en varios equipos de la Liga española de baloncesto, entre ellos el de Valladolid, ciudad donde conoció a su esposa.

White fue la estrella del equipo de baloncesto de la Universidad de Pensilvania entre 1976 y 1979, época en la que llegó a una final de la liga universitaria estadounidense. La pareja residía en el pequeño pueblo de Nether Providence, a las afueras de Media, donde García-Pellón trabajaba como profesora asistente en la escuela local.

Según los documentos del caso enviados al tribunal, García-Pellón esperó a que White, de 55 años, se durmiera y lo apuñaló mortalmente en el cuello la madrugada del 10 de febrero. Tras cometer presuntamente el homicidio, se trasladó a casa de unos amigos a quienes confesó el crimen.

En un principio, García-Pellón afirmó que había sorprendido a su marido viendo pornografía infantil en el ordenador. Las autoridades locales han confiscado los ordenadores de la familia, pero no han confirmado su contenido.

El jefe de Policía de Nether Providence, Tom Flannery, afirmó que la acusada estaba “muy calmada” al explicar los hechos. Por su parte, el fiscal del distrito, Jack Wheelan, calificó, en los documentos legales, el crimen de sumamente “extraño”.

Labrum, que representó a García-Pellón durante su proceso legal para conseguir la ciudadanía estadounidense hace unos años, agregó que la presunta homicida sufría problemas psiquiátricos “desde hacía tiempo”.

Precisamente, White llevó a su esposa a emergencias de un hospital cercano poco antes del crimen tras una recaída, y García-Pellón tenía prevista cita con el psiquiatra la semana del fatal desenlace. “Está muy lejos de la realidad ahora mismo”, afirmó Labrum tras visitarla la pasada semana en la cárcel de Delaware County, donde se encuentra retenida.

Desde su arresto, García-Pellón se encuentra bajo vigilancia cada quince minutos, ante el temor a que pueda cometer suicidio, informaron las autoridades penitenciarias.

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255 mujeres muertas en 2012 y 26 más sólo en enero de 2013. Son las alarmantes cifras presentadas por el Observatorio de Feminicidios en su último informe, que se presenta el martes en la Legislatura porteña y que adelanta el diario ‘Página 12’. El Observatorio, vinculado a la ONG La Casa del Encuentro, incluye en esta cifra los feminicidios, esto es, las mujeres que fallecieron por el hecho de ser mujeres. La mayoría -un 63%- murió a manos de su pareja o ex pareja, aunque también abundan los casos en que el homicida fue un familiar.

Entre los 255 casos, 17 fueron “feminicidios vinculados”, esto es, mujeres o niñas a las que se asesinó para vengarse de otra mujer. Hubo además otros 24 casos en los que se mató a un varón por el mismo motivo. Además, según apunta el estudio, cinco de las mujeres muertas estaban embarazadas y 26 presentaban indicios de abuso sexual. Otro dato clave: 34 de las asesinadas habían denunciado al hombre que más tarde sería imputado por su asesinato.

No es la legislación la que falla. Un reciente informe de laOrganización Panamericana de Salud (OPS) elogia la legislación argentina en la materia. Lo cierto es que la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, sancionada en 2009 y reglamentada en 2010, traía importantes avances. Entre ellos, la elaboración y monitorización de un Plan Nacional de Acción para prevenir la violencia machista y la coordinación de acciones de diferentes áreas a nivel nacional, provincial y municipal. Uno de los aspectos de la ley mejor valorados por la OPS es que se integra la atención sanitaria.

Sin embargo, en la práctica no ha habido grandes avances en la implementación de la norma. Las autoridades sostienen desde hace más de un año que están trabajando en la elaboración del plan, pero no lo han presentado. Y las distintas acciones que se realizan adolecen de falta de coordinación, tanto en la planificación como en la implementación de las iniciativas.

Los informes del Observatorio vienen a suplir el vacío que deja el Estado, que no publica estadísticas oficiales de violencia machista. Esa es, precisamente, una de las reivindicaciones de La Casa de Encuentro: números oficiales que ayuden a dimensionar el problema y a diseñar las políticas necesarias para erradicarlo.

También piden, entre otras medidas, una asistencia integral a las víctimas, que incluya la asistencia psicológica sostenida en el tiempo y el acceso gratuito a la justicia; un aumento de las casas refugio; una ayuda económica que garantice a estas mujeres casa y alimento; y más campañas de prevención e información. Y es que, a pesar de que la cifra de 2012 representa un descenso del 10% respecto a 2011, el aumento de los casos en el mes de enero imposibilita tomar ese dato como una tendencia.

Para La Casa de Encuentro, “es necesario considerar la violencia sexista como una cuestión política, social, cultural y de derechos humanos. El feminicidio es una de las formas más extremas de violencia hacia las mujeres, es el asesinato cometido por un hombre hacia una mujer a quien considera de su propiedad”. Aquello de ‘si no eres mía, no serás de nadie’.

Se trata de entender que la violencia de género no es el excepcional producto de la psicopatía individual, sino la más trágica consecuencia del patriarcado. El extremo último de la vulnerabilidad a la que la violencia machista somete a la mujer en el día a día, silenciosamente.

Y esa vulnerabilidad se aprecia en uno de los datos escondidos en las esquinas de este informe: en la mayor parte de los feminicidios, la mujer encontró la muerte en su propio hogar. A manos de su marido, de su ex novio, de su padre, de su tío. La muerte violenta como última arma del varón que oprime a la mujer para impedir su libertad.

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Dos niñas sicarias fueron detenidas por las fuerzas de seguridad de Guatemala, después de confesar haber asesinado a un hombre el pasado viernes, informaron hoy fuentes oficiales.

Un portavoz de la Policía Nacional Civil (PNC) dijo a los periodistas que las chicas, de 13 y 15 años, cuyas identidades han sido reservadas, fueron detenidas el sábado por la tarde en un barrio popular de la capital.

Según el informe de la PNC, las niñas asesinaron a tiros el pasado viernes a un hombre de 20 años, identificado como César Villanueva, cuando iba sobre una bicicleta.

Basados en informes de testigos, detectives de la PNC llegaron hasta una residencia ubicada en las cercanías del lugar del crimen, en donde hallaron dentro del dormitorio de las menores el arma utilizada para el asesinato así como municiones y otras evidencias.

“Las niñas confesaron que habían cometido el asesinato, pero no dijeron dónde obtuvieron el arma ni quién les ordenó matar a esta persona”, precisó la fuente.

Las niñas fueron trasladadas a un centro correccional para menores en donde permanecerán mientras los tribunales de la niñez conocen el caso.

El ministro guatemalteco del Interior, Mauricio López, ha dicho que los grupos criminales se han dedicado a contratar y entrenar a menores de edad como “sicarios” debido a que la legislación guatemalteca contempla que los hechos cometidos por estos no pueden ser procesados como delitos penales.

Hace tres semanas, un chico de 14 años fue detenido con una metralleta mini Uzi, mientras se dedicaba a extorsionar a comerciantes del sur de la capital, y dos días después un niño de once fue capturado junto a otros dos hombres después de cometer un asesinato.

Según cifras oficiales, cada día son asesinados en Guatemala un promedio de 16 personas, lo cual ha hecho de este país uno de los más castigados por la violencia de América Latina.

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Un francés descubrió hoy a sus tres hijos degollados en la casa familiar, de la que según las primeras sospechas policiales facilitadas por los medios, la madre se habría dado a la fuga.

El suceso ocurrió en la localidad de Dampmart, al noroeste de París, y fue descubierto cuando el hombre volvió al domicilio tras su jornada laboral, poco después de las 06.00 GMT.

Los servicios de socorro, alertados por el padre, se encontraron el cuerpo sin vida de un niño de 10  años y el de su hermana de 14 años, que presentaba numerosas heridas de arma blanca. El hermano mayor, de 17 años, todavía estaba vivo cuando la Policía llegó al lugar de los hechos, pero finalmente falleció.

La madre, de unos 45 años, según el canal “BFM TV”, permanece en paradero desconocido y está siendo buscada por la policía judicial de Versalles, que está al frente de la investigación abierta.

El padre está en estado de shock. Según la investigación preliminar, la pareja atravesaba problemas maritales que están relacionados con el alcohol.

LA VIDA OCULTA DEL ASESINO DE YOLANDA

Publicado: 24 febrero, 2013 en ESTÁ PASANDO

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Un excriminal de la ultraderecha condenado a 43 años por asesinato trabaja para los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado en casos judicializados y forma a sus agentes en técnicas forenses de espionaje y rastreo informático.

Emilio Hellín, de 63 años. FOTOGRAFÍA: CARLOS ROSILLO

—¿Emilio Hellín Moro?

—Yo soy Luis Enrique Hellín…

—Perdone, pero ¿no es usted Emilio Hellín, el autor del asesinato de Yolanda González, la joven de 19 años que murió en 1980?

—No… Emilio Hellín murió hace tres o cuatro años… Somos familia.

—No sabía que tuviera un hermano llamado Luis Enrique.

—Es una historia complicada porque somos hijos de la misma madre, pero de distinto padre. Luego juntamos los apellidos… ¿Sabe? Líos de familia que prefiero no comentar.

—¡Se parecen ustedes muchísimo! ¡Y los dos eran informáticos! Usted se ha cambiado el apellido y aparece su currículo en Linkedin [web de contactos profesionales] como Luis Enrique Helling. Se ha añadido una g al apellido.

—Es que nuestro abuelo era de origen inglés.

—¿Sabe de qué murió Emilio? ¿Dónde puedo localizar a su familia?

—No lo sé.

—¿De qué pueblo son ustedes? ¿Puede enseñarme su DNI para demostrar que no es usted Emilio Hellín?

—La conversación ha terminado…

Luis Enrique Hellín Moro, de 63 años, es un tipo alto y corpulento, tiene una frente despejada y pelo blanco en las sienes. No rehúye la mirada y habla con aparente calma y frialdad. Viste una camisa de lana clásica de cuadros, pantalón de pana beige y zapatos marrones. De su cuello cuelgan unas pequeñas gafas graduadas. El encuentro con el periodista tiene lugar en la oficina de su empresa, New Technology Forensics, especializada en peritaje criminal, en una tranquila calle en el barrio madrileño de San Isidro, frente a un colegio público. El local, de tres alturas, es una desordenada oficina de 30 metros cuadrados repleta de ordenadores y teléfonos móviles, la especialidad de este técnico superior de sistemas de telecomunicaciones e informáticos. Junto a la puerta blindada de hierro, siempre cerrada, un cartel exhibe su nombre y el de dos de sus colaboradores, uno de ellos apellidado Hellín Asensio. Emilio Hellín estaba casado con María del Carmen Asensio.

En el departamento de defunciones del Registro Civil de Madrid, en el número 66 de la calle de Pradillo, no consta el presunto óbito de Emilio Hellín Moro, el militante de Fuerza Nueva —partido de extrema derecha que dirigía Blas Piñar— que protagonizó en 1980 uno de los asesinatos más brutales de la Transición; tampoco la Dirección General de la Policía ha expedido en los últimos años ningún carné de identidad a su nombre. Sí lo ha hecho, en cambio, a nombre de Luis Enrique Hellín Moro, el experto informático que niega ser el excriminal pese a su extraordinario parecido físico.

Emilio Hellín Moro, condenado a 43 años de cárcel por el asesinato en Madrid de Yolanda González Martín, una joven militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), ha cambiado su nombre por el de Luis Enrique, según ha comprobado ELPAÍS en su acta de nacimiento, depositada en el Registro Civil de Torre de Miguel Sesmero, un pueblo de unos 1.200 habitantes en Badajoz. El cambio se oficializó hace 16 años, el 25 de enero de 1996, en virtud de un auto dictado por el Registro Civil de Madrid en el expediente 402/95. Desde entonces, este es su secreto mejor guardado.

Con este cambio de nombre que permite la ley “si se demuestra una causa justa y no perjudica a terceras personas” el ultra Hellín Moro disfrazó su pasado criminal poco después de cumplir condena —permaneció entre rejas 14 años, con el paréntesis de una espectacular fuga a Paraguay—, de los 30 de pena máxima que contemplaba el Código Penal. Y al salir de la cárcel de Jaén 2 se construyó una nueva vida centrada precisamente en el mundo de la investigación criminal y judicial, un escenario del que él mismo fue protagonista estelar después de secuestrar a Yolanda González en su casa de Madrid y descerrajarle dos tiros en la cabeza en un descampado con el argumento de que ella era miembro de ETA, una falsedad.

El nuevo Luis Enrique Hellín Moro es ahora uno de los principales asesores del Servicio de Criminalística de laGuardia Civil, participa en investigaciones judicializadas sobre terrorismo y delincuencia, imparte cursos de formación a agentes de este cuerpo, de la Policía Nacional, elMinisterio de Defensa, Ertzaintza yMossos d’Esquadra, da conferencias a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado en organismos oficiales y cobra por sus servicios del Ministerio del Interior, según ha comprobado este periódico. También asiste como perito a la Audiencia Nacional y a numerosos juzgados de distintas ciudades españolas. Su especialidad es el rastreo de pruebas en teléfonos móviles, ordenadores y dispositivos digitales que han intervenido en actos terroristas, crímenes, homicidios, secuestros, delitos económicos, financieros o informáticos, según consta en su currículo y confirman varias fuentes oficiales y judiciales. Jamás confiesa que el hábil y frío experto en telecomunicaciones, teléfonos espías, localización de llamadas, intervención de comunicaciones, recuperación de SMS o móviles activadores de explosivos es, en realidad, el ultra que a los 33 años, casado y con tres hijos, dio “un paseo a Yolanda González por una España grande, libre y única”, tal y como reivindicó el asesinato elBatallón Vasco Español, antecesor de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). Desde su aparición, el 24 de mayo de 1978, los comandos paralelos del Batallón Vasco Español asesinaron a 12 personas en atentados dentro y fuera de España. La diferencia entre este y otros crímenes del grupo parapolicial es que la víctima no tenía nada que ver con ETA.

El comandante Ramón García Jiménez, exdirector del departamento de ingeniería, electrónica e informática del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, explica así el trabajo de Hellín para este Cuerpo: “Nos asesoraba en cómo resolver y orientar algunos casos forenses. Nosotros no abarcamos todos los campos. Le pedíamos apoyo sobre cómo rescatar información de teléfonos móviles en casos judicializados que estaban bajo nuestra custodia y control. También colaboraba, y me imagino que sigue colaborando, en la formación de nuestros hombres. Es uno de los técnicos civiles más formados y va más adelantado en determinados campos de investigación”.

¿Sabe usted algo del pasado de este colaborador? “No conozco el pasado de este señor, solo sé que ha respondido siempre a todo lo que le hemos pedido”, responde el comandante García, destinado en el Ministerio del Interior.

El renacido Luis Enrique Hellín participó en 2008 en un seminario sobre nuevas tecnologías en la lucha contra el delito del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Policiales (IUICP) que dirigía José Antonio García Sánchez-Molero, subdirector del organismo y entonces coronel jefe del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil. Virginia Galero, directora del IUICP, asegura que a Hellín se le invitó por “su especialidad”, y añade que el curso perseguía mejorar los medios de la policía científica y del servicio de criminalística de la Guardia Civil. Este instituto mixto depende de la Universidad de Alcalá y de la Secretaría de Estado para la Seguridad del Ministerio del Interior.

El coordinador de este seminario y subdirector del IUICP, José Miguel Otero, comisario jefe de la Unidad central de Investigación Científica y Técnica de la Comisaría General de Policía Científica, asegura no conocer a Hellín y afirma no recordarlo. “Vendría invitado por otros miembros del instituto”, dice. Junto a Hellín participaron también en la formación de policías y guardias civiles el juezEloy Velasco, hoy en la Audiencia Nacional, y Matías Bevilaqua, un informático detenido recientemente e imputado en la trama de compra y venta de datos confidenciales desarticulada por la policía en la que hay implicados varios detectives. Elhacker asegura que aquel programa fue “del más alto nivel” y apostilla que la empresa de Hellín trabaja “muy bien”. El exconvicto ha impartido numerosos cursos y talleres de formación en la Dirección General de la Guardia Civil sobre “teléfonos espías”, obtención de evidencias en Mac, iPhone e iPod, e interpretación de datos binarios obtenidos de teléfonos móviles. Su último trabajo conocido es el rastreo de llamadas en el casoJosé Bretón, los dos niños supuestamente asesinados por su padre en Sevilla

El asesinato de Yolanda González en 1980 conmocionó a todo el país. La joven nació en Deusto (Vizcaya) en el seno de una familia trabajadora. Era la mayor de tres hermanos y obtenía notas brillantes en el colegio público donde estudió el bachiller. A los 16 años se afilió a las juventudes socialistas. Comprometida con sus ideas repartía de madrugada propaganda revolucionaria a las puertas de fábricas como en las que trabajaba su padre, un emigrante burgalés y soldador metalúrgico en Nife.

Del cuello de Yolanda colgaba una cruz Lauburu regalada por el comité de empresa de una factoría vasca. A los 18 años se trasladó a Madrid para estudiar electrónica en el centro de Formación Profesional de Vallecas. Vivía en un modesto piso en la calle del Tembleque, en el barrio de Aluche, y limpiaba casas particulares para no pedir ayuda a sus padres. “Era una persona lista, con una gran fuerza vital y entusiasta de las cosas y las personas. Siempre pensando en ayudar a los demás”, recuerda ahora Alejandro Arizcun, de 61 años, su novio de entonces y hoy profesor de Historia de la Economía en una universidad pública.

La vida de Yolanda en Madrid giraba entre sus clases en Vallecas, su trabajo de limpiadora y la sede del PST, una escisión del PSOE. Durante la segunda quincena de enero de 1980 participó en una huelga general de enseñanza, según reflejan fotografías en las que aparece a la cabeza de las manifestaciones estudiantiles. El viernes 1 de febrero de 1980, los militantes de Fuerza Nueva Emilio Hellín Moro e Ignacio Abad Velázquez, estudiante de Químicas, se presentaron en el domicilio de Yolanda, en el número 101 de Tembleque, con la intención de secuestrarla e interrogarla. No estaba, por lo que volvieron sobre las doce de la noche. En la calle contaban con el apoyo de otros dos militantes de Fuerza Nueva, Félix Pérez Ajero y José Ricardo Prieto, y del policía nacional Juan Carlos Rodas, que les aguardaban en un turismo. La joven intentó impedirles el paso, pero no lo logró. La redujeron con violencia, registraron el piso y la obligaron a acompañarles hasta el coche de Hellín. Se dirigieron por la carretera de Alcorcón hacia San Martín de Valdeiglesias, a las afueras de Madrid. En el trayecto, gritos, insultos y preguntas sobre un supuesto comando de ETA que no existía salvo en la imaginación de los dos matones. Acusaciones a las que Yolanda, que acababa de cumplir 19 años, no podía responder. En un descampado frío y solitario, Hellín obligó a la joven a descender de su coche y le disparó dos tiros en la cabeza a menos de un metro de distancia. Abad, de orden de Emilio, la remató en el suelo. Su disparo impactó en un brazo. “Cuando vi caer a Yolanda, quedé atontado y no me di cuenta de que disparaba”, relató el primero a preguntas del fiscal durante la celebración del juicio. La versión de Abad, en la que implicó a su compañero y dio todo lujo de detalles sobre el secuestro y asesinato, fue idéntica a la del fiscal

Días después, el agente que colaboró en el crimen confesó el asesinato al comisario Francisco de Asís. Hellín descansaba en Vitoria alojado en la casa de un amigo, inspector de policía. El ultra se jactaba de sus contactos en la Brigada Operativa de la policía. Además, tenía un hermano en la Guardia Civil, y entonces los vínculos entre miembros de laultraderecha y los sectores más reaccionarios de las Fuerzas de Seguridad del Estado eran frecuentes.

El 7 de febrero, Hellín y Abad fueron detenidos y confesaron el asesinato. Ambos aseguraron que lo hicieron en venganza por el asesinato de seis guardias civiles en el País Vasco y porque sospechaban que Yolanda militaba en ETA. En el registro de la escuela de electrónica de Emilio, en la que impartía clases desde hacía 11 años, en el número 1 de la calle de San Roque, se descubrió un arsenal de armas y explosivos. Con una gran antena, un Scanner VHF y un receptor captaban las emisoras de la policía y de la Guardia Civil. Era el material del denominado Grupo 41 de Fuerza Nueva, que dirigía Hellín, destinado a otros atentados.

Hellín no se resignó a cumplir los 43 años de condena (asesinato con alevosía, delito de depósito de armas y seis delitos de falsificación de documentos de identidad). Meses después de su ingreso en prisión preventiva se escapó de la cárcel de Alcalá de Henares en compañía de 10 presos comunes, aunque fue detenido horas después. Fue clasificado como interno especialmente peligroso y trasladado a Herrera de la Mancha, la cárcel más segura del país. Pero no cejó en su empeño y lo intentó de nuevo cuando le llevaron a la prisión de Cartagena, y lo logró al aprovechar un polémico permiso de seis días de libertad concedido el 20 de febrero de 1987 por el juez de vigilancia penitenciaria de Valladolid José Donato cuando estaba en la cárcel de Zamora. Hellín huyó a Paraguay con su mujer y sus tres hijos. Y de nuevo volvió a su pasión: la informática y la inteligencia. Creó el Centro de Estudios Profesionales de Asunción, dedicado a las clases de informática, y trabajó para los servicios secretos policiales y militares paraguayos formando a agentes en la instalación de micrófonos y rastreo de llamadas. Cambiaba de domicilio y utilizaba solo su segundo apellido hasta que fue descubierto por un reportero de la revista Interviúque denunció su paradero. En julio de 1989, la Interpol lo detuvo y el 21 de septiembre de 1990 fue entregado a España y devuelto a su celda de la prisión de Zamora. Su aventura en Paraguay bajo la protección del régimen de Alfredo Stroessner duró tres años. El dictador había invitado a su toma de posesión en Asunción a Blas Piñar, dirigente de Fuerza Nueva, y a León Cordón, entre otros ultras.

Los padres y hermanos de Yolanda González ignoraban la nueva vida del asesino de su hija. Eugenio tiene 79 años y Lidia, 72. Siguen viviendo en Deusto y no han conseguido olvidar. Asier, de 39 años, el hermano pequeño, no oculta su malestar. “Estoy perplejo. Es indignante que este hombre realice esa actividad. No sé si se habrá arrepentido; todo el mundo tiene derecho a una nueva oportunidad, pero, si lo hace con una nueva identidad, solo ratifica el tipo de personaje que es. Está claro que en este país las personas vinculadas a la extrema derecha gozan de privilegios”. Alejandro Arizcun, el novio de Yolanda, responde atónito con una palabra: “Tremendo”. Y añade: “Lo que usted me cuenta demuestra los lazos que Hellín tenía entonces con los cuerpos policiales y que todavía mantiene vivos. Nunca se investigó a fondo la implicación de algunos policías en el asesinato”.

Tras la visita del periodista a su oficina en Madrid, Luis Enrique Hellín ha suprimido de su biografía en Linkedinla g de su “abuelo inglés”. En su currículo de perito todavía queda una huella muy profunda de su oscuro pasado: asesor en telecomunicaciones e informática (1988-1989) del comandante en jefe de Estado Mayor del Ejército y del director general de la Policía Nacional de Paraguay. ¿Nadie en la Guardia Civil y la policía sabe quién es este experto forense informático que colabora en investigaciones criminales y forma a agentes de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado?

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La Fiscalía solicitó ayer que un joven acusado de secuestrar a su expareja en Ontinyent sea condenado a 23 años de cárcel. El acusado no podía entrar en Ontinyent porque tenía en vigor una orden de destierro por maltratar a una pareja anterior y ayer admitió en el juicio que se ocultó la cara con una braga para que no lo reconocieran. El procesado, que está en prisión preventiva, presuntamente se llevó a la víctima por la fuerza a Dénia y la violó.

Los hechos ocurrieron el 20 de mayo de 2011. El imputado es de Dénia y le pidió a un conocido que le llevara en coche a Ontinyent. El conocido, que compareció como testigo, explicó ayer en el juicio que el acusado solo le dijo que era “una cuestión de vida o muerte”. El testigo añadió que el procesado se puso una braga en la cara al llegar a Ontinyent y subió por la fuerza a la víctima en su coche.
El procesado indicó a la sala que a pesar de la orden de destierro entró en Ontinyent y se dirigió a la discoteca donde unos amigos le habían dicho que estaba la víctima.

“Solo quería hablar con ella. Estaba embarazada de mí y quería saber si iba a seguir la relación”, señaló. El acusado añadió que subió con su expareja al coche porque quería hablar con ella. “No me dijo que no quería montar”, aseguró.
Sin embargo, la víctima desmintió la versión del procesado. La joven, que declaró protegida por un biombo, señaló que subió al coche obligada. “Él era consciente de que no quería ir. Traté de salir del coche, pero no pude hacer nada. El conductor también estaba amenazado de muerte. Le dijo que siguiese hacia Dénia o nos mataría a los dos”, declaró la víctima.

El conductor del vehículo manifestó que el acusado le propuso maniatar a la joven y meterla en el maletero. El testigo advirtió de que a pesar de que “estaba paralizado por el miedo” se negó a ayudarle y la joven siguió en el asiento trasero del coche.

Al llegar a Dénia, el acusado subió con la víctima a su piso y la forzó sexualmente. “Me obligó a mantener relaciones. Yo no quería, pero al final pudo conmigo y me tuve que dejar llevar. Él era consciente de que le dije que no. Al final consumó la relación”, insistió la joven.
La Fiscalía imputa al procesado los delitos de quebrantamiento de condena por no respetar el destierro, amenazas, detención ilegal, maltrato y agresión sexual, y le pide 23 años de condena y que indemnice a su expareja y al conductor del coche. El caso quedó visto para sentencia.