Archivos para julio, 2012

Rastreado en www.elmundo.es

Los bomberos de Zaragoza encontraron en la tarde de ayer el cadáver sin cabeza de un ex militar español de mediana edad en un piso de la calle Conde de Aranda de la capital aragonesa, han informado fuentes del cuerpo.

El aviso fue dado por los vecinos ante el olor que salía de la vivienda, a la que los bomberos acudieron alrededor de las 17.00 horas, acompañados de agentes policiales y el juez de guardia, que ha ordenado el levantamiento del cadáver.

La policía ha iniciado las investigaciones para esclarecer los hechos. El hombre, al parecer, llevaba más de 15 días muerto, ya que el cadáver se ha encontrado en “avanzado estado de descomposición”, según fuentes policiales.

El fallecido sirvió como “casco azul” en el Ejército y estuvo destinado en Huesca. Fuentes próximas a la investigación han indicado que la Policía baraja las hipótesis de un accidente por una explosión, suicidio u homicidio.

La policía mantiene el hermetismo, aunque las fuentes consultadas han señalado que la vivienda se encontraba “muy sucia”.

“Era muy huraño; no hablaba con nadie”, ha afirmado José Manuel Marín, que lleva 27 años viviendo en el inmueble con su esposa. Él mismo ha precisado que, incluso, “subía y bajaba las escaleras sin encender la luz; era muy raro” y nunca acudió a las reuniones de vecinos, en su calidad de propietario de su piso, que compró “hace unos tres o cuatro años”.

Este vecino ha identificado a la víctima como Iván C.M., de “unos 34 o 35 años”, aunque los bomberos han señalado que era un hombre de unos 50 años.

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Rastreado en internacional.elpais.com

El tirador de Colorado, James Holmes, será juzgado por 24 cargos de asesinato, dos por cada víctima mortal en el cine de Aurora en el que provocó una matanza el pasado 20 de julio.

El juez aceptó la petición de los fiscales de imputarle por asesinato “con premeditación” y también por asesinato “con extremada indiferencia hacia la vida humana” por cada fallecido en el cine. A esos cargos añadió 116 imputaciones por intento de asesinato, una por posesión de explosivos y otra de incremento de pena por autoría de un crimen violento. Por esos 142 cargos, Holmes se enfrenta a una pena mínima de cadena perpetua sin libertad condicional y una máxima de muerte.

A la segunda vista oral previa a su juicio, Holmes, de 24 años, llegó como a la primera, con el pelo teñido de color naranja y la mirada perdida, con apariencia ausente, reaccionando a las palabras del juez sólo ocasionalmente. Cuando el magistrado William Sylvester le preguntó si renunciaba a su derecho a tener otra vista preliminar en los próximos 35 días, algo que contempla la ley de Colorado, se limitó a responder con un débil y lacónico “sí”, la única palabra que pronunció en la audiencia, que duró menos de una hora. La siguiente vista preliminar tendrá lugar el 9 de agosto. Los fiscales aun no han solicitado formalmente una pena máxima en su caso.

A la comparecencia de ayer ante el juez acudieron amigos y familiares de las víctimas. Algunos llevaban camisetas con el logotipo del superhéroe Batman, y otros lucían la palabra Sully, en referencia al apodo de Alex Sullivan, una de las 12 víctimas en la matanza ocurrida cuando en el cine Century 16 se proyectaba la última entrega de la saga de Batman, El Caballero Oscuro: la leyenda renace. Holmes no dio indicaciones de darse cuenta de quiénes eran aquellas personas que habían acudido a los prolegómenos de su juicio. Tampoco reaccionó cuando el juez le dijo que la pena máxima podría ser la ejecución.

Según las pesquisas de la policía de Colorado y del FBI, Holmes empleó una pistola del calibre 40, una escopeta y un fusil semiautomático para disparar contra 71 personas, de las que mató a 12. La fallecida de menor edad, seis años, fue Veronica Moser-Sullivan. Su madre, Ashley Moser, quedó herida en estado grave, y el pasado fin de semana sufrió un aborto. El fallecimiento del feto no afectará a los cargos presentados este lunes, ya que la ley de Colorado contempla la imputación en casos de homicidio sólo para aquellas víctimas “que hubieran nacido y estuvieran vivas”. Holmes dejó, además, una trampa con explosivos en su vivienda, con la intención de provocar otra matanza en el edificio de apartamentos en el que residía.

Según unos documentos presentados por los abogados de Holmes en estas vistas preliminares, el tirador estaba bajo tratamiento psiquiátrico, bajo la tutela de la doctora Lynne Fenton, que según la página web de la Universidad de Colorado en Denver dirige los servicios de salud mental de los alumnos en ese campus. Holmes había recibido una beca del Instituto Nacional de Salud de EE UU para estudiar un posgrado en Neurociencia en ese centro educativo, pero abandonó sus estudios en mayo, después de suspender un examen.

Holmes le envió a su psiquiatra un cuaderno en el que, según la policía, describía planes para perpetrar la matanza. Ese cuaderno nunca se llegó a entregar a la doctora Fenton. Se quedó en un almacén de correos del campus, hasta que los agentes lo recuperaron, el lunes de la semana pasada. La defensa, de oficio, ha pedido que se le entregue el cuaderno, cuyo contenido debería estar protegido por la confidencialidad entre un paciente y su médico, según alegan los abogados. El juez aun no ha decidido al respecto. Además, ha declarado el secreto de sumario, lo que le impide a la Universidad de Colorado revelar información sobre el estudiante.

Rastreado en www.elcomercio.es

Ocho años después de aquel 23 de julio en el que a todos los asturianos se les encogió el corazón con la noticia de que un niño había sido degollado por un hombre en el parque de Isabel la Católica, en Gijón, la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha dictado una sentencia pionera por la que se condena a la Administración como corresponsable de la muerte del pequeño.

¿En qué se basa el fallo? En que durante cinco años, el periodo comprendido entre 1999 -cuando el autor condenado del crimen, Ramón del Barrio López acudió al Centro de Salud Mental de El Coto donde le fue diagnosticada una esquizofrenia paranoide de alta peligrosidad- y el 23 de julio de 2004 -cuando a las siete y media de la tarde se acercó a la pajarera del parque de Isabel la Católica, y «provisto de una navaja de 11,5 centímetros de hoja cogió al niño Borja Solar Herrero, entonces de seis años , de manera sorpresiva y le degolló causándole la muerte»- nadie había estado pendiente de la evolución de su enfermedad psíquica.
Ese vacío de atención médica y de seguimiento de los servicios de Salud Mental del Principado es la clave en la que se apoya el presidente de la sala de lo Contencioso Administrativo, Julio Luis Gallego Otero, para estimar el recurso planteado por los padres del pequeño contra la resolución de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, de 21 de mayo de 2010, que anulaba cualquier responsabilidad patrimonial en el asunto. El abogado de los padres, José Joaquín García, planteó el recurso en esos términos y ha logrado, en una sentencia pionera, que el caso dé un vuelco. En su fallo, el magistrado cree que sí hay corresponsabilidad y, de hecho, condena a la Administración -en este caso a la consejería- a indemnizar a los padres con la cantidad de 70.000 euros por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de aquel suceso.
El fallo, al que ha tenido acceso EL COMERCIO, tiene como precedente la sentencia penal dictada por la Audiencia Provincial de Asturias el 4 de abril de 2008, tras las vistas orales celebradas en Gijón los días 24, 25, 26 y 27 de marzo de ese mismo año, en la que un jurado popular condenó a Ramón del Barrio como autor de un delito de asesinato a la pena de quince años de prisión y a indemnizar a los padres del niño con 200.000 euros.
El TSJA recoge que ya la sentencia penal destacaba «el deficiente funcionamiento en el sistema de tratamiento de enfermos con alteraciones psíquicas importantes». Mientras que la Administración se defiende alegando que no cabe el «deber de actuar», el juez José Luis Gallego considera que existe ese deber y «la relación entre esa posible conducta omisiva y el daño» ocasionado. Y recuerda que entre el alejamiento de los servicios de Salud Mental de este paciente en el año 1999 y el desgraciado asesinato del hijo de los recurrentes «transcurrieron cinco años sin que se recabase asistencia psiquiátrica alguna a pesar de que el enfermo estaba diagnosticado, lo que implicaba, como se desprende de las pruebas, una atención singular, con seguimiento del estado de la enfermedad». Supervisión que no se produjo.
Más aún, se apoya la sentencia en un informe pericial realizado por un especialista en medicina legal y forense de la Universidad de Oviedo, que considera que los planes de atención psiquiátrica de Asturias contemplan la necesidad de una continuidad de cuidados y seguimiento de estos enfermos con trastornos mentales severos como un deber de la Administración Sanitaria. Insiste además en que su decisión final se configura en torno a tres puntos: «Un previo deber jurídico de actuar de la Administración, el no cumplimiento de ese deber y la no concurrencia de fuerza mayor que impida cumplir ese deber».
Con estos argumentos rebate los planteamientos esgrimidos por la Administración en su defensa y que se basaban, sobre todo, en que en ese tiempo que transcurre entre 1999 y el año de los hechos, 2004, «no hubo constancia alguna de comportamiento agresivo o de peligrosidad para terceras personas». Además hace referencia a los límites que suponen en sí mismos el libre consentimiento del paciente para ser o no medicado y atendido y la proyección hacia el pasado de unos hechos sobre los que niegan toda relación de causalidad entre el diagnóstico y el crimen.
 
No obstante, y aunque el fallo reconoce que efectivamente en esos cinco años no constan agresiones a terceros, sí destaca su peligrosidad porque queda registrado un intento de suicidio, que tampoco sirvió para reactivar el seguimiento clínico del paciente.
La sentencia que ahora se conoce da la razón a los padres de Borja Solar, pero también a numerosos expertos e, incluso, asociaciones que como consecuencia del suceso manifestaron su inquietud por las deficiencias detectadas en el sistema de salud mental vigente.
Aquel hecho que consternó a toda una región, la muerte del pequeño Borja Solar a manos de un perturbado, supuso un antes y un después en la política sanitaria del Principado. La Consejería de Salud se replanteó su forma de trabajar con las personas que sufren trastornos mentales severos y buscó fórmulas para estrechar su seguimiento, control y atención hoy siguen en marcha. Ante el fallo del TSJA, que sienta un precedente en la jurisprudencia española, cabe recurso de casación en el Tribunal Supremo.

Rastreado en www.farodevigo.es

 El juzgado de lo Penal número 4 de Pontevedra condenó ayer a una pena de dos años y tres meses de prisión a José Manuel Torres Casalderrey como autor de un delito de lesiones agravadas por golpear de forma violenta a la que era su actual pareja sentimental, unos hechos que ocurrieron el pasado mes de octubre en el domicilio de la mujer, ubicado en el casco histórico de Pontevedra.

Este hombre ya tenía antecedentes por delitos de violencia de género muy graves, puesto que en 1987 había sido condenado a 23 años de reclusión mayor por parricidio como autor de la muerte de la que era su esposa, Carmen Couto Villaverde, el 13 de octubre de 1986. Unos hechos que se produjeron en el domicilio familiar de ambos en la parroquia de Tomeza.

Torres Casalderrey llegó al edificio judicial de A Parda custodiado en un furgón de la Guardia Civil procedente de la prisión provincial de A Lama. Allí permanece desde que en octubre del pasado año se produjo este nuevo episodio de violencia de género. La gravedad de las heridas que causó a su actual pareja, una octogenaria que reside en el casco viejo de Pontevedra, así como sus graves antecedentes fueron claves para que el juez ordenase entonces su ingreso en prisión preventiva.

Ayer, ante el magistrado titular del juzgado de lo Penal 4 de la capital, especializado en violencia de género, este pontevedrés de 63 años de edad reconoció que “golpeó repetidamente a la víctima, dándole puñetazos por todo el cuerpo, mientras le decía que iba a matarla”. El reconocimiento de los hechos por parte del acusado propició que la Fiscalía rebajase la pena que solicitaba inicialmente de 5 años de prisión, la máxima prevista para este tipo de delitos.Así, redujo su solicitud de condena a los dos años y tres meses que finalmente aceptó el acusado.

En vista de que José Manuel Torres reconoció el delito que se le imputaba, el magistrado procedió a dictar sentencia “in voce” al finalizar el juicio. Un fallo que es ya firme.

Además, deberá indemnizar a la víctima con 4.500 euros por las lesiones sufridas. Una mujer que gracias al acuerdo de conformidad evitó el mal trago que tener que encontrarse frente a frente con su agresor en el juicio.

Como consecuencia de esta brutal agresión, la octogenaria sufrió traumatismo craneal, hematoma subdural, traumatismo facial, hematoma maxilar izquierdo, heridas en el labio y en el cuello, múltiples hematomas en la parte superior del tórax, en los brazos y en la muñeca, precisando de una atención médica que requirió neurocirugía. Tardó 77 días en curar.

La sentencia establece que el acusado no podrá acercarse ni comunicarse con la víctima durante 10 años. Además, distintas fuentes indicaron que es probable que el acusado no se pueda acoger a la suspensión de la condena que tendría que cumplir probablemente en su integridad. Finalizado el juicio, el acusado regresó a la prisión de A Lama.

Fuentes de la investigación indicaron en su día que la nueva pareja del acusado desconocía su oscuro pasado y no sabía que había matado a su mujer en el año 1986.

Rastreado en www.que.es

Un compañero de piso de la víctima, de origen ucranio y de 42 años de edad, se ha presentado poco después en la comisaría de la localidad y ha quedado detenido como supuesto autor de la agresión.

Los hechos se han producido sobre las 15.30 cuando el teléfono de emergencias 112 ha recibido una llamada para comunicar que se estaba produciendo una riña en el número 4 de la calle Villaverde.

Al lugar han acudido Policía Local, un coche radio patrulla del Cuerpo Nacional de Policía y una UVI móvil del Servicio de Urgencia Médica de Madrid (Summa). Los sanitarios del Summa se han encontrado en el portal de la citada dirección a una mujer con heridas incisas en cuello, costado y un brazo.

Tras ser atendida por los facultativos, la víctima ha sido trasladada al hospital Doce de Octubre. Entretanto, un compañero de piso de la mujer se ha presentado sobre las 16.30 en la comisaría de la localidad, donde ha quedado detenido como supuesto autor de la agresión. El arrestado tiene antecedentes, entre otros por robo con fuerza, según la Jefatura.

De la investigación del caso se ha hecho cargo Policía Judicial de la comisaría de Leganés. Según las primeras pesquisas de la policía, víctima y agresor no guardan relación sentimental.

Rastreado en www.lavanguardia.com

Las pistolas llaman a las pistolas. Sólo así se entiende que las ventas se hayan disparado en Colorado, y en Estados Unidos en general, tras la última matanza.

Sobre el mostrador brilla una máquina negra, de grandes dimensiones. Es una Bushmaster, que, según su web, ofrece “productos para las agencias del Gobierno y la defensa de los hogares”. El precio marcado es de 4.685 dólares la unidad, sin impuestos. “Puede alcanzar un objetivo a una milla (1,6 kilómetros) con una buena mira telescópica”, dice el dueño del establecimiento, que acepta hablar bajo la condición de no dar su nombre.

La tienda se encuentra en una localidad del área de Denver. Aquí sigue el duelo por la muerte de doce personas en un cine del suburbio de Aurora, en el estreno de la última película de Batman, la madrugada del viernes.

El presunto autor, James Holmes, de 24 años, compareció esta semana ante el juez. El lunes regresará para que le lean una retahíla de cargos. Ayer trascendió que envío un cuaderno con la descripción de su plan a un psiquiatra de la Universidad de Colorado, donde estudió. El destinatario no lo abrió.

“El incremento de venta de armas se repite siempre que hay un suceso como este”, explica el citado propietario. “Sucedió después de lo de Tucson, en el 2011, y ha vuelto a pasar, tal vez incluso de forma más importante”, añade.

Lo justifica. Más que el miedo a ser atacado “por un loco”, el temor se centra en la presión mediática para que haya un mayor control en la venta de armas. “La gente quiere armarse antes de que los políticos se decidan a imponer restricciones”, argumenta.

La fiebre alcanzó su punto álgido el mismo viernes y el sábado. Este vendedor no ha hecho un cálculo definitivo, pero el incremento en Colorado es notable.

En algunas informaciones se da la cifra de un 41%. En estos dos días se han registrado 2.887 peticiones de permisos, un 25% más de la media habitual y un 43% si se compara con el fin de semana anterior. En otros estados (California, Oregón o Florida) los incrementos de ventas oscilan entre el 11% y el 14%. Y eso que ni el presidente Obama ni el candidato republicano, Romney, han abierto la boca a favor de aumentar los controles.

En un restaurante del centro de Denver -Shelby’s, que alardea de clientela local-, un parroquiano conversa con las dueñas sobre las informaciones de la tele.
“País de locos -suspira él ante la sucesión de noticias-, en Nueva York quieren prohibir las sodas de tamaño grande y, en cambio, nadie mueve un dedo contra las pistolas. De locos”.

Rastreado en www.levante-emv.com

Las víctimas denuncian menos del 20% de las agresiones sexuales debido a la pérdida o disminución de la memoria que les provocan las sustancias químicas administradas por el agresor.

Ante el incremento de casos de lo que se conoce como “sumisión química”, el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, dependiente del Ministerio de Justicia, ha elaborado un documento con las instrucciones a seguir en los casos de agresión sexual con sospecha de empleo de compuestos químicos para manipular la voluntad de la víctima.

La tardanza en la denuncia dificulta la investigación de estos casos y puede impedir una adecuada recogida e identificación de muestras biológicas. Por ello, el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses destaca la importancia de que las víctimas de estas agresiones sexuales soliciten asistencia con la máxima rapidez y colaboren en preservar cualquier vestigios para la recogida de muestras biológicas.

La demora en acudir a un centro médico es inversamente proporcional a las posibilidades de detectar las sustancias utilizadas en casos de sumisión química.

El análisis de las muestras recogidas por el protocolo de actuación nacional ante una violación incluye de forma rutinaria sustancias como el alcohol, las benzodiacepinas o las drogas de abuso, pero la búsqueda se extiende en muchas ocasiones a unos 50 compuestos químicos de uso más raro.